#Colombia 17 “Narcotráfico y democracia: la experiencia colombiana” (Fragmentos escogidos) – JORGE ORLANDO MELO

“Para los colombianos de hoy, la droga se ha convertido probablemente en el fenómeno de mayor impacto sobre la vida nacional del último medio siglo. Al narcotráfico se atribuyen, en diversas medidas y con grados variables de exactitud, efectos de todo orden. Para algunos, la exitosa marcha de la economía durante los últimos veinte años tiene en los recursos generados por la venta de drogas una de sus causas principales. Para otros, la violencia, que ha afectado al país en un grado desconocido por cualquier sociedad que no se encuentre en una guerra abierta, es atribuible ante todo al impacto de los grandes grupos de delincuentes generados por el tráfico de estupefacientes. La destrucción del sistema judicial, la impunidad habitual, la corrupción creciente, son atribuidos en forma usual al papel de los comerciantes de estupefacientes. Dineros y recursos, a su vez, han permitido en opinión de muchos que la droga influya sobre los hábitos de consumo, la cultura diaria de la población, el manejo de los medios de comunicación, las campañas políticas, los partidos, y en general sobre la distribución del poder. No solo algunos periodistas extranjeros o los retóricos funcionarios del gobierno norteamericano caracterizan a Colombia como una narcodemocracia: nuestros mismos compatriotas ven con diaria reiteración las noticias que muestran como el congreso, los alcaldes de remotas localidades, la justicia o los funcionarios burocráticos están penetrados, influidos, orientados por los narcos.

Como ocurre siempre en situaciones complejas y dramáticas, estas caracterizaciones encierran mucho de verdad pero al mismo tiempo se someten a la lógica de una retórica que en pocas áreas ha tenido tanta fuerza como en esta. El narcotráfico, en todo el mundo, es un fenómeno que se entiende poco pero se denuncia mucho, en el que las percepciones inmediatas nunca ceden ante las evidencias pausadas de la investigación, en el que los intereses de los gobiernos y de los medios de comunicación favorecen visiones sensacionalistas y extremas, que dificultan captar en su nivel real la magnitud del fenómeno y analizar las difíciles tramas de causalidad e influencias que los afectan.

En este texto, en forma somera, tratare de hacer una presentación esquemática, pero que espero no pierda todos los matices, del problema del narcotráfico en Colombia durante los últimos años, tratando de seguir este proceso, y el de sus variadas influencias sobre la vida Colombiana, teniendo siempre como punto de referencia su impacto sobre la política y la economía del país.

 

Una sociedad en transformación acelerada

No sobra señalar, como punto de partida, que Colombia es una sociedad que ha enfrentado cambios acelerados en todos los aspectos de su vida económica, social y política. El narcotráfico ha surgido en una sociedad en la que se encontraban en cambio rápido las estructuras económicas, los patrones de distribución de la población, las estructuras urbanas, la estructura y función del estado, los valores sociales y éticos, las costumbres y creencias.

Estos cambios han estado acompañados por niveles de violencia y de desorden muy altos, y por el desarrollo de conflictos de toda clase que parecen lanzar periódicamente al país a situaciones en las que no parece haber salida. Para los Colombianos, nada es más familiar que la sensación de que el país se encuentra siempre en crisis, al borde del colapso, «en el filo del caos», como se llamo un importante libro publicado en 1990. (Leal y Zamocs, 1990)

Narcotráfico Colombia

Pero al mismo tiempo, hay razones para creer que detrás de esa crisis aparente se encuentra un sistema relativamente sólido y estable, capaz de adaptarse a las más variadas situaciones, y en el que la crisis, la violencia y la agitación parecen estar siempre acompañadas de desarrollo económico, cambio social y avance político. Intransigencia y polarización se acompañan del recurso frecuente al dialogo y a la confrontación. Las ciudades destruidas renacen de sus cenizas: Medellín pasó, tras la muerte de Pablo Escobar, de un estado en el que sus habitantes no querían vivir en ella, la ciudad más violenta del mundo, con la crisis más profunda, a la imagen de un paraíso en construcción. Quienes parecen en un día irreconciliables enemigos se unen con facilidad a la mañana siguiente. Liberales y conservadores, después de promover unos enfrentamientos que llevaron a la muerte a 100000 o 150000 personas, entre 1947 y 1957, firmaron un pacto para repartirse el poder público durante 16 años. Grupos guerrilleros, como el M’19 o el EPL, tras enfrentarse a muerte con terratenientes y paramilitares, no tuvieron dificultad para pactar no solo con los agentes del gobierno, sino con las mismas víctimas de sus acciones.

Además, la existencia de procesos profundos de rápido cambio hace difícil determinar la extensión en la que fueron debidos al narcotráfico, o que este los acelero y promovió. ¿Cómo separar, en el análisis de los cambios de valores y conducta que permitieron la generalización de la corrupción en el manejo estatal, la influencia de cambios culturales como la pérdida de capacidad de control social de la iglesia, evidente desde los sesenta, del papel que tuvieron los esfuerzos, acompañados de sumas inmensas, de los narcotraficantes por someter el estado, o del influjo de las imágenes de riqueza y consumo conspicuo promovidas por las grandes fortunas de la droga? ¿Cómo evaluar los niveles de violencia que habría tenido una sociedad en la que antes del narcotráfico había ya una vigorosa guerrilla, en la que en mucho sectores rurales la justicia por cuenta propia era frecuente, en la que la policía y el ejercito habían desarrollado métodos de enfrentar al enemigo que se salían de las normas legales, pero en la que el narcotráfico hubiera estado ausente, con lo que es atribuible a su acción? No es fácil, y esto lo muestra la existencia de argumentaciones serias, con apoyo académico, que sostienen, por ejemplo, que el narcotráfico es el principal factor en la violencia actual del país, y los que consideran que a su impacto solo se debe el 2 o 3% de los homicidios que ocurren en Colombia. Muchos de los factores mencionados pueden esgrimirse al mismo tiempo como elementos que contribuyeron a favorecer el surgimiento del narcotráfico y como los resultados de su acción: así ocurre con el debilitamiento de los valores religiosos, la secularización, el afán de enriquecimiento, la tolerancia de la corrupción, el recurso a la violencia, la ausencia de sanciones penales para el delito.

Recordemos, en todo caso, algunos de los procesos de transformación que se aceleraron en Colombia hacia 1960, y que estaban en pleno desarrollo cuando irrumpió gradualmente el tráfico de drogas:

  • Un proceso de urbanización acelerado, que desplazaba centenares de miles de campesinos hacia las ciudades y los colocaba en nuevos contextos culturales y sociales. Colombia paso de tener una población rural del 70 % a una que hoy tiene menos del 25% en 40 años. Una ciudad como Medellín multiplico su población por 12 veces 30 anos.

 

  • Una transformación económica concomitante, que disminuyó el peso del sector agrario, modernizó el sector industrial y expandió aceleradamente los sectores de servicios. Esta transformación estuvo acompañada, sobre todo en las dos ultimas décadas, por un crecimiento rápido de lo s sectores informales de la economía.

 

  • Una ruptura de las formas tradicionales de control social. Colombia era una sociedad sin amplia fuerza armada estatal en la que valores tradicionales morales, formas de dominio y opresión religiosa, etc., mantenían la moralidad pública. Todavía hoy, después de 50 años de lucha contra la guerrilla, el ejército colombiano no es de los más grandes de Hispanoamérica, y existen más de 1200 núcleos urbanos en los que no hay ni siquiera un policía. La perdida de poder de la iglesia se expreso rápidamente en la incapacidad para impedir el proceso de aceptación masiva de los mecanismos de control de la natalidad (Colombia paso de tasas de natalidad del 4.4& hacia 1970 a tasas de 1.8% en la actualidad), pero también en la generalización de las conductas ilegales e «inmorales» por parte de la mayoría de la población: a pesar de que los filósofos y analistas sociales del país claman por la constitución de una «ética civil» que reemplace la perdida ética religiosa, aquella no ha surgido.

 

  • Las estructuras sociales se alteraron rápidamente y en todos los sitios y actividades surgieron nuevas clases medias, nuevos dirigentes políticos, nuevos empresarios, nuevo sectores económicos dominantes. Lo que existía de oligarquía tradicionalista fue en general desplazada por grupos ascendentes de muy diverso origen, aunque en algunos sectores de la vida nacional existen algunas continuidades identificables como oligárquicas: la prensa, todavía ante todo una prensa de familia, es un buen ejemplo de esto, así como algunos sectores de la vida política: los hijos de los expresidentes aparecen como candidatos para la presidencia o para otros cargos estatales en forma desproporcionada, y lo mismo ocurre con relación a los hijos de senadores y otros dirigentes regionales.

 

  • La violencia, como lo señale, acompañó permanente este proceso de cambio, aunque con intensidades diversas. De los paroxismos violentos de 1948-53 se paso a una fase de reducción y creciente pacificación, que llevó los índices de violencia a su punto mas bajo hacia 1965/70, cuando las tasas de homicidios del país se acercaron al nivel -por supuesto alto- de los Estados Unidos. Pero a partir de entonces se presentó un crecimiento continuo de la violencia, que afecta todo el clima de vida del país. El repunte puede haber precedido algo al narcotráfico, pero sin duda coinciden las etapas gruesas de su crecimiento con la consolidación del narcotráfico. Hasta 1976 los homicidios aumentaron lentamente, y entre 1976 y 1985 se aceleraron gradualmente. Fue sin embargo a partir de 1985 cuando las furias parecen haberse desatado, en un crecimiento rápido que duro hasta 1991/92, cuando comienza una estabilización o un leve descenso. Pero no olvidemos los niveles: en 1994, en Colombia murieron por homicidio, excluyendo los accidentes de tránsito y afines, unas 26000 personas, es decir aproximadamente 75 personas por cada 100000 habitantes. En ciudades como Medellín 2.5 de cada 1000 habitantes murieron en ese año, después de 3 años de reducción continua de su nivel de violencia, que llego a tasas de 4 por 1000 en 1991.

 

Paramilitares Colombia.jpg
Paramilitares colombianos

Esta violencia es ejercida por toda clase de agentes: el enfrentamiento entre la guerrilla, los grupos privados antiguerrilleros («paramilitares») y el Estado puede producir 3000 o 4000 muertes anuales, la violencia urbana de todas clases unas 15000 muertes, y violencias rurales diferentes los otros 4 o 5000 homicidios. En la violencia que no esta directamente ligada al enfrentamiento con la guerrilla, una parte pequeña es causada por los enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes, ajustes de cuentas, etc. La mayoría corresponde a una acción de grupos de delincuentes indeterminados, a pequeñas riñas y atracos concentrados en grupos socialmente marginales. Todas estas formas de violencia se entrelazas y son difíciles de aislar.

Por ultimo, el país ha tenido una evolución constitucional y legal compleja y difícil. A pesar de una larga tradición de democracia electoral, y de niveles altos de participación ciudadana en la política, la democracia colombiana fue controlada por grupos relativamente estrechos hasta mediados de siglo. Cuando, en 1957, se derrocó el único régimen militar de este siglo, coincidían los cambios sociales que hacían necesario el funcionamiento de una democracia de masas con la urgencia de encontrar un modus vivendi entre liberales y conservadores. Lo que quedo fue un sistema democrático con limitaciones importantes, que duraron hasta 1974, y una estructura política que no se adecuo con suficiente rapidez a las transformaciones sociales y a las demandas de participación de la ciudadanía. En buena parte, los conflictos sociales de los últimos treinta años se desplazaron hacia la confrontación social extralegal -paros cívicos, pequeñas asonadas,- mientras los partidos consolidaron una estructura de poder centrada en clientelas relativamente manipulativas. Esto dio pie para frecuentes afirmaciones sobre el carácter no democrático de la estructura política, sobre la persistencia del poder de una estrecha oligarquía dominante, no muy exactas pero basadas en hechos reales de la sociedad: si las normas legales y constitucionales, usualmente respetadas, definían un sistema representativo y democrático, el recurso generalizado a la violencia bloqueaba la acción social y política de muchos sectores e inhibía la participación. Tales ideas han estado también en la base de la retórica con la cual la guerrilla justifica hasta hoy su acción armada contra el sistema, la que ha estado acompañada usualmente de participación en las elecciones por parte de representantes indirectos de los mismos grupos guerrilleros. Resulta significativo que en medio del paroxismo de violencia de 1989-91 se buscara resolver a fondo este problema, mediante una reforma constitucional de orientación muy participativa, descentralista y creadora de amplios mecanismos de defensa de los derechos ciudadanos.”

REFERENCIA: JORGE ORLANDO MELO – Página oficial

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